Según publicación de
Chavismo usa recursos públicos para favorecer sus candidatos en elecciones
En el marco de las elecciones para gobernadores que tuvieron lugar en octubre de 2017, la organización Transparencia Venezuela, Capítulo venezolano de Transparencia Internacional, realizó un seguimiento de las publicaciones en Twitter de los candidatos y cuentas institucionales de organismos estatales. Así fue que se detectaron numerosas faltas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en especial, referidas al uso de fondos públicos y proselitismo activo de funcionarios del Estado.
Las faltas más identificadas fueron el uso indebido de recursos públicos, propaganda anticipada, participación de altos funcionarios en actos de campaña del partido oficialista y organismos públicos realizando campaña. Se estableció un ranking de faltas donde los primeros cinco puestos fueron ocupados por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), siendo Carmen Meléndez (candidata por el estado Lara) quien encabezó la lista. Durante la campaña fue común la entrega de electrodomésticos y cajas de comida a precios subsidiados por parte de los candidatos del partido de gobierno, así como también, las escenas de recorridos a bordo de vehículos de organismos públicos, o mítines en terrenos de organismos oficiales. Recibieron, además, el apoyo expreso desde cuentas sociales de instituciones públicas.
¿Quiénes son los más afectados?
La publicidad oficial es un recurso público de gran concentración monetaria y que posee un alto riesgo de ser utilizado con discrecionalidad. Debido a la falta de normas en algunos casos, y por la complejidad para la definición de criterios claros y objetivos para su utilización y distribución equitativa, ese riesgo aumenta aún más en años electorales. Este límite entre lo que se considera como “público” y “privado” parece volverse cada vez más difuso suponiendo una desventaja notable para el resto de los competidores en una contienda electoral. Por ello, el control de la inversión, distribución y utilización de los fondos públicos en materia de publicidad oficial es un elemento fundamental para alcanzar una mayor transparencia en la gestión pública, a fin de evitar irregularidades en el manejo de fondos públicos, generar equidad en la competencia electoral y para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
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