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La subordinación en la Revolución
viene en código QR (Quick Response
Code). La tarjeta electrónica que el gobierno de Nicolás Maduro
denominó Carnet de la Patria,
en sus inicios presentado nada menos que para racionar la comida, ha
extendido su radio de acción intentando penetrar en distintos ámbitos de la
cotidianidad del venezolano, lo que la coloca como algo más que una
herramienta para favorecer a la ciudadanía.
La Constitución Venezolana establece en su artículo 21 que
todas las personas son iguales ante la ley y que no se permitirá
ningún tipo de discriminación. Frente a ese precepto fundamental
se erige la imposición de presentar esa tarjeta para acceder a bienes y
servicios que el Estado está obligado a ofrecer sin distinción.
Al parecer el fin es que todos estén bajo la sumisión de la
herramienta que mejor le ha funcionado al chavismo para someter a los
venezolanos, solo comparable con experiencias de control social aplicadas en
sociedades no democráticas como Cuba. Su uso llega a tal punto- más allá de
ser exigido para comidas, vacunas, viviendas, bonos, universidades, y demás
aspectos de la vida común- que con ese carnet se busca consolidar
la lealtad en las urnas electorales.
El llamado Carnet de la Patria se perfila entonces como el
sustento de un movimiento político, que ha encontrado en el dominio del
sistema electoral la mejor de manera dar supuesta legitimidad a su
permanencia en el poder.
Transparencia Venezuela le siguió la pista a este mecanismo de
coacción del chavismo, que según el presidente Nicolás Maduro tiene el
objetivo de elevar la organización “del poder popular social”. Indagamos
sobre sus antecedentes, su estructura, sus promotores, el secretismo y la
discrecionalidad en el manejo de los recursos invertidos en esta tarjeta
electrónica. Un aparataje que ya es utilizado para arrodillar a los
ciudadanos, irrespetando sus más elementales derechos.
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