y
sus afiliados, ante
las Sentencias 155 y 156 del 30.03.2017
de la
Sala Constitucional
del
Tribunal Supremo de Justicia
Los empresarios que formamos parte
de las Cámaras de Comercio y de las Asociaciones Mixtas de Comercio, Industria
y Producción del país afiliadas al Consejo Nacional del Comercio y los
Servicios (Consecomercio), ante la
reciente Sentencias 155 y 156 del 30 de marzo de 2017 emitidas por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expresamos lo siguiente:
·
Rechazamos
contundentemente los términos de dichas Sentencias, ya que dan al traste con
los derechos y principios republicanos. Son absolutamente arbitrarias y
confiscan principios constitucionales, al atribuirse facultades que son de la
absoluta competencia de la Asamblea Nacional: los del ejercicio legislativo y los que
correponden a la acción contralora, en representación de la ciudadanía que le
designa por vía comicial para tales fines.
·
Al desconocer el
principio de la inmunidad parlamentaria, también lo hacen automáticamente de la
facultad de control sobre la actuación del Ejecutivo Nacional y de los demás
poderes públicos y, como consecuencia, de la institucionalidad democrática del
país.
·
El procedimiento constituye
una verdadero desafuero jurídico al facultar a la presidencia de la República
de posibilidades para tomar, sin ningún tipo de control, de contrapeso y de
equilibrio, decisiones y coordinar actividades que no son de su competencia. Y,
además, le da libre posibilidad para ejercer acciones apegadas a la
arbitrariedad y a la usurpación de funciones.
·
En el plano económico,
las Sentencias promueven la profundización de la ya conocida crisis económica y
social que incide en el sistema de vida de más de 30 millones de ciudadanos, al
agravar los niveles de desconfianza y, consecuencialmente, de dudas sobre las
bases de toda posibilidad de credibilidad en la eventualidad de la recuperación
de dicha situación adversa. Adicionalmente, agravan toda la problemática que ha
hecho posible dicha situación de crisis, al propiciar la más absoluta y total
imposibilidad de que haya respuesta alguna en favor del país de parte de la
inversión privada nacional e internacional.
·
En el plano social,
todo se traducirá en un mayor agravamiento de los niveles de escasez y de
desabastecimiento, de desempleo, de inflación,
como de la más absoluta destrucción del poder adquisitivo de la
población venezolana.
·
Con estas Sentencias,
además, queda demostrada la evidente decisión de propiciar el secuestro total y
absoluto de las instituciones públicas.Y, como consecuencia, del estado de
derecho en el país, además de la soberanía popular que es ejercida por la
representación institucional en la figura de la Asamblea Nacional por mandato electoral
del 6 de diciembre de 2015. Asimismo, del mecanismo de control de la
constitucionalidad, como de los derechos y garantías constitucionales.
·
Ante el grave
escenario general que propician dichas Sentencias, Consecomercio,
siempre en nombre de sus afiliados, como de la ciudadanía emprendedora
sectorial que interviene en el Comercio
y la prestación de Servicios en todo el país:
1.
Hace un llamado a los
demás poderes públicos al restablecimiento inmediato de la Constitución
Nacional del país.
2.
Llama a la Fuerza Armada Nacional a garantizar
el respeto a los derechos humanos, y al cumplimiento de su cometido
constitucional: hacer posible que en Venezuela haya autonomía en el funcionamiento
de los poderes públicos, del estado de derecho, de la institucionalidad
democrática, además del imperio de la legalidad y el restablecimiento de la
constitucionalidad en Venezuela.
3.
Insta a la ciudadanía a cumplir con su deber
como depositaria de la soberanía popular, según está consagrado en el
articulado en la Constitución Nacional, a exigirle a los demás poderes públicos
y a la Fuerza Armada Nacional a que se produzca el restablecimiento inmediato de
la efectiva vigencia de la Carta Magna.
4.
Llama a los países democráticos y a sus
autoridades,como a los Organismos Internacionales y a la comunidad en general a
estar atentos y alertas frente a los acontecimientos que se están presentando
en Venezuela. Y, además, a hacer uso de la legislación internacional,
para que se produzca una inmediata rectificación y el país pueda retornar al
rumbo de un ordenamiento jurídico apegado a lo que establece la vigente Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
5.
Llama a los organismos gremiales que
representa, como al sector en general, a declararse en situación de estado de emergencia, como lo
demanda la situación que hoy vive el país, hasta que esa delicada situación se
supere y los venezolanos puedan lograr, siempre unidos, el país que quieren construir
para vivir y prosperar.
Ciudad Bolívar, 31 de marzo de 2017
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