martes, 25 de abril de 2017

ACTUALIDAD/JUSTICIA: Jueces penales abusan de su autoridad contra detenidos en protestas

Jueces penales abusan de su autoridad

 contra detenidos en protestas


En palabras muy breves, el sistema acusatorio comporta la obligación de encargar las funciones de investigar/acusar y juzgar a personas distintas, pues ello garantiza la imparcialidad de las mismas y del sistema en sí. Este sistema acusatorio, garantía de imparcialidad, equidad y justicia, encuentra sus orígenes más remotos en la teoría de la separación de los poderes que dio paso al desarrollo del Estado de Derecho. Pero más allá de sus bases encuentra su esencia en la garantía y resguardo del derecho fundamental más importante luego del derecho a la vida, este es, el derecho a la libertad.
Vivimos en una nación cuyo sistema –al menos desde el punto de vista legislativo- garantiza la libertad personal y reconoce como única excepción a la detención sin que exista una orden judicial previa, a la flagrancia. Sin embargo, sabemos que ello no es tal y que las detenciones arbitrarias se han convertido en cotidianidad. Actuaciones policiales y judiciales desentendidas de nuestros principios fundamentales como nación y desapegadas de los principios rectores propios de nuestro sistema procesal penal.
Dentro del sistema acusatorio rige a su vez el Principio Acusatorio y está compuesto de  cinco (5) elementos esenciales. Ellos son: (i) la necesaria separación de la función de investigar/acusar y juzgar en personas distintas (ii) el hecho de que no puede haber ni juicio ni condena si no hay una acusación previa (iii) el hecho que la intervención judicial no puede ir más allá de lo planteado por el fiscal en sus peticiones(iv) que la promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes intervinientes en el proceso y (v) la prohibición de la reforma en perjuicio. Atendiendo a esas reglas fundamentales debería funcionar nuestro sistema procesal penal.
¿Qué está pasando en realidad? Que todo lo anterior es desconocido o ignorado por policías, fiscales y jueces. Las autoridades se desentienden por completo del debido funcionamiento del sistema procesal penal y poco les importa garantizar el respeto a las reglas mínimas a las que hacemos referencia en este artículo. Ejemplos de ello hay muchos, por no decir demasiados, pero aprovechamos la oportunidad para referirnos a uno de ellos.
Por Daniel Badell Porras/Colaborador del 
Observatorio Venezolano de Prisiones

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