¿Se acaban las
relaciones entre Venezuela y España?
Caracas
y Madrid no han dejado de hacerse mutuos reproches desde este martes 14, cuando
buena parte de los diputados españoles le exigió al estamento chavista que
liberara a los ciudadanos detenidos arbitrariamente por razones políticas. El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar la moción
“injerencista” de los congresistas ibéricos con medidas de diversa índole. A la
espera de detalles, no son pocos los que se preguntan si un “ojo por ojo” de
carácter económico es viable.
“En este momento me es difícil imaginar
lo que Maduro puede hacer concretamente para vulnerar aún más los intereses
económicos de España en Venezuela. Y es que, aún sin las represalias de Maduro,
las empresas españolas ya están perdiendo millones de euros en ese país. Como
muestra, un botón: tras la última devaluación de la moneda venezolana, el grupo
hotelero Meliá reportó pérdidas inmensas”, comenta Ana Soliz de Stange, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales
(GIGA) de Hamburgo.
Considerando que los efectos de las políticas
económicas y cambiarias chavistas que han sido considerados nocivos no son
nuevos –dichas políticas ya habían sido implementadas durante la presidencia de
Hugo Chávez (1999-2013)–, muchos describirían la decisión empresarial de
permanecer en Venezuela como una estrategia contraintuitiva, por no decir
masoquista. Pero los inversionistas suelen cotejar hasta los riesgos
más grandes –como el de ser expropiado por el Estado, por ejemplo– con los
reveses y las perspectivas de ganancia que augura el salto de un país a otro.
El fantasma de la expropiación. ¿Puede
Maduro optar por la expropiación de activos españoles? “Pese
a los conflictos de vieja data que signan la relación hispano-venezolana, la
integridad de las inversiones españolas ha sido respetada hasta ahora y, por
eso, muchos empresarios ibéricos se han abstenido de abandonar el país
sudamericano. No ha muerto la esperanza de que su paciencia se vea recompensada
con oportunidades de negocios rentables”, explica la investigadora,
enfatizando que muchas compañías españolas llevan décadas afincadas en
Venezuela.
La inversión española en Venezuela. “La primera respuesta a una situación
difícil no puede ser la relocalización de un centro de operaciones; mudar la
sucursal de una fábrica o una empresa es un proyecto muy costoso. En el caso
que nos ocupa, Venezuela es un país rico en materias primas y tiene la gasolina
más barata del mundo; esas son ventajas que siguen siendo relevantes para muchos”,
sostiene Ferdinand Fichtner,
quien lidera al grupo de expertos del Instituto
Alemán de Investigación Económica (DIW) especializado en crisis,
pronósticos y políticas coyunturales.
¿Poco
más que retórica? “El
Gobierno venezolano está ávido de inversiones y no puede darse el lujo de
emprender acciones que restrinjan aún más la entrada de dinero a las arcas del
Estado. A mi juicio, alzar la voz y decir que le dará la batalla a España con
‘respuestas integrales’ no es más que un ejercicio retórico que le permite a
Maduro cohesionar al electorado cautivo del chavismo”, sostiene la especialista del GIGA, sugiriendo que hasta los insultos
articulados contra los parlamentarios españoles estaban realmente dirigidos a
la audiencia venezolana.
Se han registrado voluntariamente 118
compañías españolas con sede en Venezuela ante el ministerio correspondiente en
Madrid. El número es probablemente mayor, informa Cristina Expósito, del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Y Maduro está consciente que el país
bajo su mando necesita tanto las inversiones como las exportaciones españolas. ¿Por
qué las ahuyenta, entonces, intensificando sus fricciones con el Gobierno de
Mariano Rajoy y satanizando al sector privado en general con su verbo
incendiario?
No
obstante, el consejero delegado del ICEX,
Francisco Garzón, alertó que el interés de los capitalistas españoles en
incluir a Venezuela en sus planes de expansión había caído debido a la
hostilidad del Gobierno chavista hacia el libre mercado y la actividad
empresarial. Garzón citó el desplome del valor de las exportaciones españolas hacia
el país caribeño –de 1.052 millones de euros en 2013 a 541 millones de euros en
2014–, atribuyéndolo a la sospecha de que filiales de compañías radicadas en
Venezuela podían ser expropiadas.
De la palabra a los hechos. Esto apunta a que la sola palabra de
un gobernante puede tener efectos tan tangibles como una orden ejecutiva
punitiva. Este miércoles (15.4.2015), el Ministerio
de Exteriores español se reunió con el embajador de Venezuela en
Madrid para comunicarle su incomodidad con los pronunciamientos recientes de
Maduro y Caracas imitó la moción, convocando al emisario de España. Aunque los
analistas consultados intuyen que la discordia transatlántica no pasará de
dimes y diretes, el temor a que este altercado trascienda el plano de la
política simbólica no se disipa del todo.
Según reportes internos del Gobierno de Rajoy, los intereses en Venezuela de
los grupos españoles –entre los cuales se encuentran Acciona, BBVA, Repsol y Telefónica– ascienden a 9.000 millones de euros. De ahí
que el empresariado ibérico haya celebrado la fundación del Centro Iberoamericano de Arbitraje
(CIAR) en Buenos Aires el pasado 19
de marzo, cuya meta es intervenir en la resolución de las controversias entre
personas naturales o jurídicas de la Conferencia Iberoamericana, a la que
pertenecen España y Venezuela.
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