se solidariza
con Lorenzo Mendoza
El
Gobierno emprendió una nueva campaña contra el sector privado. Otra vez la víctima del atropello es Lorenzo Mendoza, presidente del grupo Empresas Polar, uno de los más exitosos
del país. Estos continuos ataques a los hombres de empresa y a la propiedad
privada han destruido la industria nacional, y constituyen uno de los factores
clave que han desencadenado la espiral inflacionaria, el desabastecimiento y la
escasez que afectan a Venezuela.
La excusa utilizada para esta agresión resulta deleznable,
pues se trata de una conversación privada entre el empresario y Ricardo
Hausmann, desatacado economista venezolano de prestigio internacional. Ese
diálogo telefónico fue grabado de forma ilegal, violando los preceptos
constitucionales que garantizan el derecho a la privacidad en las
comunicaciones personales y la libertad de opinión. En una nación donde
imperara el Estado de Derecho, se respetara la Constitución y hubiese autonomía
de los poderes públicos, los responsables de ese delito serían sancionados.
Con
sus ataques a estos destacados venezolanos, el oficialismo distorsiona ex
profeso los mecanismos mediante los cuales funciona el Fondo Monetario Internacional
(FMI), organismo creado en 1945 y diseñado con el expreso propósito de auxiliar
a los gobiernos de los países que confrontan problemas financieros. A él se
adscriben 188 naciones.
Uno
de sus fundadores fue John Maynard Keynes, admirado por numerosos personajes
del Gobierno nacional. Para obtener financiamiento, se debe cumplir un
protocolo claramente establecido. El FMI no presta dinero a particulares. Esta
información la conoce el gobierno venezolano, quien además mantiene su silla en
el organismo. El pasado mes de junio el
Gobierno retiró 1.5 millardos de dólares de los ahorros que mantenía en el FMI.
El
Ejecutivo, de manera artera y cínica, tergiversa la realidad e inventa un
delito donde no existe, con el expreso propósito de continuar perjudicando a
los empresarios que han trabajado dignamente por el país y enmascarando la
grave situación económica nacional, en cuyas raíces se encuentra el asedio a la
propiedad privada durante más de tres lustros.
El
sector más perjudicado de esta arremetida seguirá siendo el pueblo,
especialmente los más pobres, que pagarán con más inflación, escasez y
desabastecimiento, y menos empleo, los excesos del Gobierno.
La
colaboración estrecha y permanente entre la iniciativa privada y la pública
constituye la única forma de que Venezuela supere la profunda crisis económica
y social que padece.
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