Manifiesto de Vargas
Consecomercio
2015
La dirigencia gremial de los comerciantes y expendedores formales de
servicios del país afiliados al Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) celebró un encuentro en el estado Vargas. Lo hizo para analizar y debatir
sobre el abastecimiento de bienes; la importación de insumos, materias primas y
repuestos; la producción nacional; la calidad de los servicios públicos; la
inseguridad y la impunidad; las incidencias de los controles de cambio y de
precios en el ámbito sectorial; el cierre de actividades correspondientes al
2015 y las perspectivas económicas para
el 2016, incluyendo la inflación, el desempleo y el empobrecimiento de la
población venezolana, sin distinción de clases sociales.
Fue una reunión de trabajo que, adicionalmente, permitió evaluar las
implicaciones que ha provocado en la economía y en el sistema de vida en el
estado Táchira, la vigencia durante sesenta (60) días de un régimen jurídico de
“excepción”. Asimismo, lo que ha acontecido en las mismas áreas de los estados
Zulia, Apure y Amazonas, donde también se ha decidido una acción gubernamental
similar.
Los empresarios del sector terciario de la economía concluyeron sus
deliberaciones aprobando la difusión de un Manifiesto Institucional en el que
se plasme un resumen de sus opiniones sobre los temas considerados. De igual
manera, de sus propuestas para la consideración de la ciudadanía, en
razón de su convicción que los venezolanos harán lo que corresponde, para que
el país se inserte en el grupo de las naciones dispuestas a participar en el
liderazgo de las verdaderas transformaciones económicas, sociales, políticas y
morales de América Latina.
El Manifiesto Institucional de Vargas.-
a) La dirigencia institucional nacional del
comercio y los servicios respalda la dedicación histórica de los empresarios
varguenses, a favor del desarrollo de la economía local a partir de un esfuerzo
compartido entre las autoridades locales y la empresa privada. La estatización
instaurada a partir del triste y doloroso deslave que vivió el estado en
diciembre de 1999, se ha convertido en la negación de la transformación
económica y social de Vargas. Asimismo, es la causa principal de la exclusión de la participación de los
trabajadores en su lucha por vivir cada día mejor, al verse obligados a dedicar
su esfuerzo fuera de su tierra, y la
obligatoria residencia en distintos lugares del país de los miles de varguenses
que debieron emigrar obligados por el fenómeno natural.
b) La condición de estados sometidos en parte de
sus territorios a una restricción “excepcional”, como ha sucedido con los
estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas desde hace ya varias semanas, no se ha
traducido en los resultados previstos en las justificaciones gubernamentales para
adoptar dicha decisión: abastecimiento pleno de bienes esenciales; restricción
progresiva del contrabando de alimentos, gasolina, lubricantes y otros
productos; seguridad ciudadana; prosperidad social de los habitantes;
dinamización del comercio fronterizo. La prueba de fuego para derogar
progresivamente los controles de cambio y de precios, sencillamente, ha sido
una oportunidad ideal desperdiciada.
c) La actividad aduanero portuaria del país,
aparte de estar limitada al histórico negocio petrolero de la nación, y más
recientemente al desempeño del estado como importador de alimentos, de materias
primas, insumos y repuestos, es un servicio ausente de la potencialidad
exportadora de la nación. El país no produce para exportar. Y el Estado
restringe toda posibilidad productiva dirigida a competir más allá de las
fronteras. Definitivamente, al Estado le resulta más cómodo, seguro y confiable
desarrollar su vocación importadora, el cultivo de las relaciones políticas
apoyadas en negocios Estado-Estado, y dejar para después su responsabilidad de
estimular la producción nacional.
d) El abastecimiento nacional pasó de ser una garantía confiable, seria y segura, a un
motivo de incertidumbre continuo. La supuesta política contra el latifundio,
las expropiaciones industriales y los controles de cambio y de precios
modelaron el feo rostro de un error histórico económico y social; de un fracaso
agravado y agudizado con una Ley de Precios Justos que terminó por detener la
marcha de la diversificación económica, la dinamización financiera y la
modernización del Comercio y los Servicios. Venezuela no dispone de inventarios
y está a merced de las contingencias. Las colas angustian y preocupan. La
incapacidad de respuesta de la producción nacional y de las importaciones asusta.
e) La inseguridad jurídica y de bienes ha
colocado a Venezuela en el grupo de los países menos confiables para vivir,
trabajar, invertir, producir y competir. Sin seguridad no hay confianza para
quien invierte. Tampoco para quienes creen en el valor y la importancia del
trabajo, como la única alternativa para generar riqueza nacional y bienestar
familiar. Vivir en Venezuela es un riesgo. Invertir en Venezuela es una
aventura. Producir aquí es una esperanza condicionada por la abundancia de
impedimentos para acometer el emprendimiento. Los constitucionales Derechos Económicos de la ciudadanía han sido
literalmente minimizados por la estatización desenfrenada.
f) Los peores costos a los que se enfrenta el
esfuerzo productivo del país, y que los comerciantes y los expendedores de
servicios están financiando con su descapitalización y paulatina desaparición,
son los de los servicios públicos y la inflación. En Venezuela, no hay un solo
servicio público regido y administrado por el Estado que no haya pasado a convertirse
en la negación de la sobrevivencia empresarial, en vista de la prohibición a la
renta digna, justa y transparente. Asimismo, la inflación ha pasado a
convertirse en la auténtica propietaria de los bienes públicos y privados de la
nación, y del sistema de vida de cada ciudadano. Su acelerado desplazamiento
hacia la hiperinflación luce expedito y seguro. Sus causas tomaron posesión del
único derecho confiable que existe hoy en el país: el del empobrecimiento; el
de ser pobre.
La Propuesta del Comercio y los Servicios.-
Consecomercio y sus organismos afiliados siempre han
ofrecido su voluntad y disposición a participar y contribuir con la consecución
de soluciones a los problemas que agobian al país. Muchos de ellos, son de
vieja data. De más de treinta años. Es una realidad que exige respuestas
sinceras, serias y fundamentadas en principios en los que las políticas de
Estado no pueden estar supeditadas al libre albedrío de los gobiernos de turno.
Consecomercio no cuestiona por oficio. Alerta y llama
la atención a quienes gobiernan para que lo hagan apegados a lo que reza el
texto Constitucional y las leyes de la República. Lo hizo cuando fue necesario
exigir la restitución de las Garantías Económicas, después de varias décadas de
su sometimiento a la necesidad de fortalecer el ejercicio de los Derechos
Políticos. Y hoy, desde el estado Vargas, una vez más, insiste en que se hace
necesario construir soluciones.
Dichas soluciones, sin duda alguna, pasan por la
valoración histórica de la capacidad de los venezolanos para evitar que las
oportunidades sean ignoradas o menospreciadas. Así ha sucedido desde 1830,
después de la culminación de la Guerra de Independencia, hasta que la decisión
popular provocó el derrocamiento de la Dictadura del General Marcos Evangelista
Pérez Jiménez. Siempre hubo entendimiento. Por supuesto, como producto de la
voluntad de un liderazgo nacional comprometido con la necesidad de solucionar
lo que se creía insoluble.
Es mentira que las soluciones por las que hoy claman
Venezuela y sus problemas, las puede ofrecer un solo grupo; una sola expresión
organizada de la sociedad venezolana, incluso solamente el Gobierno en
ejercicio. La verdad es que urge que la voluntad venezolana por el
entendimiento se haga presente. Se haga sentir y se convierta en una expresión
de auténtica disposición a iniciar un proceso de acercamiento, con miras a
promover las soluciones que se requieren con urgencia.
Consecomercio, en nombre de sus organismos afiliados
en todo el país, no plantea desconocimiento de nada ni de nadie. Simplemente,
considera que debe hacer un aporte sincero, auténtico, venezolanista para que,
superado el proceso electoral del 6 de diciembre y al que se hace necesario
llamar a participar a todos los venezolanos formalmente inscritos en el
Registro Electoral Permanente, se inicie esa urgente búsqueda de acercamiento
que concluya en soluciones de largo plazo.
Concluir el 2015 con los resultados que gobernantes y
gobernados están apreciando y viviendo, y pretender transitar el 2016 en un ambiente
sin condiciones para que sean la armonía, la paz y la confianza las que
determinen el devenir de esos nuevos doce meses, no es posible garantizar que
ese nuevo año arrojará resultados más positivos que aquellos con los que
concluirá el año que está a punto de terminar.
La Guaira, 20 de 0ctubre de 2015
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