OPINIÓN
Ocho de los 12
países donde Odebrecht sobornó a cambio de proyectos de construcción se han
movilizado con acciones judiciales
Mientras que 8 de 12 países latinoamericanos
involucrados en la red internacional de corrupción de la Constructora Odebrecht
abren investigaciones, congelan cuentas, acuerdan pago por resarcimiento y
detienen burócratas, autoridades venezolanas guardan completo silencio sobre
los 98 millones de dólares que
la empresa brasileña habría pagado para sobornar a funcionarios de los
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro a cambio de lograr o mantener contratos multimillonarios para obras
de infraestructura, según datos revelados por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos.
Por Lisseth Boon
Si el criterio para rendir cuentas es la magnitud
de los recursos involucrados, Venezuela tendría que ser el primer país en
responder a los señalamientos que retratan un caso de corrupción sistemática
transnacional: encabeza la lista de naciones de América Latina que, después de
Brasil, recibieron mayor cantidad de dinero en “comisiones” para megaproyectos
de obras públicas por parte de la constructora brasileña entre 2006 y 2015.
El Departamento de Justicia de EEUU reveló en
diciembre de 2016 los montos de sobornos otorgados por Odebrecht a 12 países
latinoamericanos, pero no así nombres y apellidos de los funcionarios
involucrados. Expertos de la justicia de Brasil indican que si serían
develados una vez que se conozcan los detalles de la confesión tanto del
presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (condenado a 19 años y 4 meses
de prisión en marzo 2016 ) y 77 empleados quienes a cambio de reducir sus
condenas, se han acogido a cooperar con la justicia bajo la figura del
arrepentimiento.
Hasta la sorpresiva muerte por accidente en
avioneta del juez Teori Zavascki, ocurrida el pasado jueves 19 de enero, se
estimaba que las delaciones de los 77 funcionarios de Odebrecht podrían darse a
conocer en febrero. Zavascki, clave en la operación de Lava Jato, estaba
ya en condición de homologar esas declaraciones de colaboración en el Tribunal
Supremo de Brasilia y por lo tanto hacerlos públicos. Su muerte podría retrasar
el proceso.
El sector oficial, principal cliente de Odebrecht
en Venezuela, evade su participación en el esquema de corrupción desde que se
abrió en Brasil, en marzo de 2014, la investigación judicial conocida
como Lava Jato, que ha estremecido los cimientos de la política y
economía del gigante brasileño. El prolongado mutis del gobierno de Maduro
contrasta con el tamaño del escándalo que ha desatado en todo el continente.
De los poderes que conforman en Estado en
Venezuela, sólo el legislativo se ha pronunciado sobre el caso Odebrecht luego
de que fuera divulgado el expediente del Departamento de Justicia de
EEUU. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional
anunció el 22 de diciembre de 2016 que abrirá una investigación sobre los $98
millones pagados en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015 por
parte de la constructora brasileña para la adjudicación de contratos de
obras públicas, muchas de las cuales permanecen inconclusas.
Proyectos
paralizados
·
Comuna agroindustrial Diluvio. Sistema de riego
(Zulia). Avance: 50%
·
Puente Nigale (Zulia). Avance: 3,9%
·
Represa de Tocoma (Bolívar). Avance: 45,81%
·
Complejo agroindustrial Abreu de Lima
(Anzoátegui). Avance:36.85 %
·
Puente Mercosur o tercer puente sobre el Orinoco
(Bolívar). Avance: 30%
·
Metro de Caracas, línea 5 (Distrito capital). Avance: 22,15%
·
Metro de Los Teques, línea 2 El Tambor-San Antonio
(Miranda). Avance: 24,3%
·
Metro Caracas- Guarenas- Guatire (Miranda). Avance: 11,1%
Fuente: RNC
En agosto de 2015, Transparencia Venezuela instó al
gobierno de Maduro a responder por las obras a cargo no solo de Odebrecht sino
también de otras constructoras brasileñas como Camargo Correa, Andrade
Gutiérrez y Queiroz Galvao, todas investigadas por corrupción ligada a
Petrobras. En marzo de 2016, insistió ante el Tribunal Supremo de Justicia a
divulgar los contratos entre el Estado y Odebrecht después de la sentencia
contra el presidente de la compañía. La más reciente exhortación de esta
organización fue presentada el 10 de enero de 2017 ante el Ministerio Público
para investigar con urgencia a
los funcionarios venezolanos que recibieron $98 millones y asignar su
correspondiente castigo.
En Venezuela, tampoco los gremios empresariales y
de la construcción han sentado posición con respecto al escándalo de corrupción
transnacional, a diferencia del caso de Panamá, donde la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá expulsó a la constructora
brasilera. Lo mismo hizo la Cámara Colombiana de Infraestructura que
separó a Odebrecht del gremio.
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